Noticia de Contratación

En fecha 16 de febrero de 2017 se ha publicado en el DOUE esta Sentencia con motivo de una petición de decisión prejudicial relativa a si la Directiva 2011/7, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se opone a una normativa nacional como el Real Decreto ley 8/2013, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros, que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida del pago inmediato del principal de los créditos devengados; y, en caso de que se oponga, si el poder adjudicador, deudor, puede invocar la autonomía de la voluntad de las partes para eludir su obligación de pago de intereses de demora y costes de cobro.

Respecto de esta cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recuerda que el artículo 7 de la mencionada Directiva establece que una cláusula contractual o una práctica que excluya el pago de los intereses de demora o la compensación por los costes de cobro de un crédito, se considerará, o se presumirá, manifiestamente abusiva, con el objeto de evitar que la renuncia por parte del acreedor a los intereses de demora o a la compensación por los costes de cobro se produzca en el momento de celebrar el contrato, es decir, en el momento en que se ejerce la libertad contractual del acreedor y en el cual es posible que el deudor abuse de dicha libertad en perjuicio de aquél. Además, señala que, en cambio, cuando se cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2011/7 y los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro son exigibles, el acreedor, habida cuenta de su libertad contractual, debe seguir teniendo libertad para renunciar a los importes adeudados en concepto de dichos intereses y de la compensación, concretamente como contrapartida del pago inmediato del principal.

Por lo tanto, el TJUE concluye que la Directiva 2011/7 no se opone a que un acreedor renuncie libremente al derecho a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro, siempre que haya renunciado de manera efectivamente libre y haya podido disponer realmente de todos los recursos efectivos para exigir, si lo hubiese deseado, el pago de la deuda íntegra, incluidos los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro.